Los grandes en Colombia se levantan sobre las cabezas de las mipymes

¿Sera la ley 2024 la tan anhelada luz que esperan los comerciantes colombianos para allanar su camino de crecimiento económico?

A propósito de la entrada en vigor de la ley 2024 del año 2020, a partir del 1 de enero del año 2021, sería importante analizar si esta nueva ley será un saludo a la bandera o tendrá aplicabilidad real en el desarrollo practico, en las relaciones entre comerciantes, o de aquellos que, sin ser comerciantes realizan actividades mercantiles.

Pues bien, la ley intenta reglamentar una mala práctica llevada a cabo por grandes plataformas mercantiles e industriales, quienes ejecutan esta acción en contra de las pequeñas y medianas empresas en Colombia.

Importante resaltar, que esta es una práctica no solo colombiana, es una actuación (no pagar oportunamente a proveedores) especialmente latinoamericana.

La acción que deriva de no pagar oportunamente a proveedores no es más que, el apalancamiento del desarrollo empresarial de las grandes empresas en contra del capital de las pequeñas y medianas empresas.

Restando poder de crecimiento a posibles competidores de mercado, ampliación y dinamismo en el crecimiento económico de determinada región, sector económico o el país mismo.

Colombia se mueve al ritmo de las MIPYMES, no de los grandes capitales, por tanto, proteger a las pequeñas y medianas empresas deber ser política de estado, la cual debe conducir a la protección mismas de la economía colombiana.

De acuerdo con las cifras entregadas por el DANE, las PYMES manejan el 35% del PIB nacional y generan el 80% del empleo en Colombia. Por tanto, su protección debe ser un imperativo categórico.

El cumplimiento y exigencia de la aplicación de la presente ley no solo blinda la economía de todo un país, esta promueve el crecimiento de toda una Nación.

Es una práctica de buen gobierno, de ética empresarial y una praxis enfocada a las sociedad BIC (SOCIEDADES DE BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO).

La ley 2024 estipula que toda factura deber ser cancelada dentro de los 60 días siguientes a su radicación, esto para el primer año de entrada en vigor de la referida ley.

Mientas que, a partir del año 2022, estas facturas deberán ser canceladas dentro de los 45 días siguientes a su radicación.

Quienes incumplan tal precepto no solo estarán en curso de sanciones judiciales y administrativas, de acuerdo con la mencionada ley, el acreedor (proveedor) podrá exigir el pago de indemnizaciones por costos de cobro que emplea en la consecución del pago de su factura.

Las anteriores sanciones o acciones tendientes a recuperar el capital adeudado por clientes (comerciantes) no son más que mecanismo que en la práctica ya se estaban realizando por los empresarios en la consecución de sus facturas impagas.

Cobro de honorarios judiciales, intereses moratorios, clausulas penales, lo anterior, vía ejecutiva en la jurisdicción ordinaria, empleando las facturas o contratos como títulos valores o ejecutivos respectivamente.

Por tanto, en ese aspecto, la ley no nos trae nada novedoso para emplear como comerciantes o litigantes judiciales.

Seguramente algunos comerciantes o empresarios se sientan presionados por las prácticas de buen gobierno y sociedades BIC, en ejecutar sus pagos en los tiempos fijados por la ley 2024 de 2020, pero esta presión no será devenida por la ley en sí misma.

Ahora bien, las sanciones disciplinarias a la que hace mención el artículo 6 de la ley 2024 de 2020, serán impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, previo al trámite que nos trae el artículo 52 del decreto 2153 de 1992 y sus normas complementarias. 

Estas sanciones administrativas complementan lo ya fijado por el artículo 16 de la ley 590 de 2000, que alude a las prácticas restrictivas realizadas por las grandes factorías o comerciantes en contra de las Mipymes.

Entiéndase como prácticas restrictivas aquellas que tengan por objeto impedir a terceros el acceso a los mercados o a los canales de comercialización, en ese sentido, el no pago de facturas dentro del plazo de 60 días calendario (año 2021) y 45 días calendario (año 2022) se entenderá como una práctica restrictiva de acceso a los mercados, sujeta a sanciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Deseamos que los trámites ante la Superintendencia de Industria y comercio sean más expeditos para estos casos, y realmente sancionen a grandes empresas que apalancan el desarrollo de su objeto social en detrimento de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Apelamos por la creación de una lista o base de datos, tipo “centrales de riesgo” para aquellas empresas que tienen por practica pagar a 90, 120 y 160 días las facturas de pequeñas sociedades.

Tal como, recientemente quedo aprobado para el REDAM (REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS), que registra a padres o madres morosas, del pago de alimentos para con sus hijos dependientes.

¿Será necesario Crear el REDEM (Registro de Deudores empresariales?

A nuestro criterio no solo es necesario, debe ser creado en el menor tiempo, pues este registro permitiría mayor cumplimiento en la normatividad vigente y una mayor protección a las MIPYMES que ven afectada su participación en el mercado por el impago de sus facturas.

Este registro advertiría a las MIPYMES, sobre la elección y prevención de sus propios clientes que tienen como practica mal pagar a sus proveedores. 

Ahora bien, ¿Es acertado excluir las obligaciones dinerarias contenidas en pagares, cheques, bonos, y demás títulos valores diferentes a las facturas?

La respuesta es un rotundo NO, el comercio en Colombia es grandemente informal y el país mantiene una deuda histórica con aquellos comerciantes que siguen sin ver un beneficio real en la formalización empresarial.

Estos compatriotas no formalizados ejercen su profesión mercantil mediante títulos valores y ejecutivos distintos a las facturas, títulos que deben gozar de la misma atribución beneficiosa que promueve la ley 2024 de 2020, pero la cual finalmente los excluye.

Flexibilizar la carga tributaria, la burocracia y la tramitología en las MIPYMES, contribuirá grandemente en la formalización empresarial de Colombia.

El Estado Colombiano no puede caer en la generación de practicas restrictivas del acceso al mercado, imponiendo cargas insoportables a las pequeñas empresas colombianas o extranjeras con operación en suelo patrio.

En conclusión, la ley 2024, no es novedosa en las alternativas que plantea para comerciantes y litigantes judiciales que ven afectadas sus finanzas por el impago de facturas radicadas ante grandes plataformas comerciales.

CRISTIAN EDUARDO LEÓN RAMÍREZ Y RINCÓN.

Abogado especialista en derecho comercial. 
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