La llegada del COVID 19 supuso una gran emergencia social y económica que afectó gravemente a los estados,  empresas y sin lugar a duda significó un episodio especialmente crítico para familias colombianas  que en consecuencia del cierre de locales comerciales, escuelas, sitios turísticos etc. vieron menguar sus ingresos mientras que deforma desproporcional los gastos aumentaban o se mantenían en un nivel insostenible, como lo son el mantenimiento de locales comerciales, contratos de arrendamiento o laborales, préstamos y demás.

Es por esto, que para muchos lectores la posibilidad de practicar un reajuste o incluso la terminación de las obligaciones contractuales en tiempos de Covid-19 es un tema que despierta considerablemente el interés, y del cual le vamos a explicar a continuación.

El reajuste de las obligaciones en contratos puede sonar extraño o errado para aquellos familiarizados con el preponderante respeto de nuestro sistema jurídico, al principio de la autonomía de la voluntad privada y al carácter obligatorio de las prestaciones acordadas por los contratantes, las cuales resultan ser, en pocas palabras ley para las partes, lo cual está expresamente consagrado en el artículo 1602 del Código Civil.

Sin embargo, la anterior premisa se flexibiliza para coexistir de forma efectiva con el principio de la buena fe citado en el artículo subsiguiente, de tal forma que los pactos respeten siempre los principios de la equidad y la justicia. Es decir, se relativiza el estricto concepto de “pacta sunt servanda” [los pactos son para cumplirse] y encontramos diferentes figuras que se presentan como aparentes excepciones al principio citado.

Es así como la ley nos plantea la teoría de la imprevisión, un auxilio para las partes que supone un reajuste en las obligaciones contractuales que puede resultar en la disminución de una prestación o la terminación del contrato en caso de no concretar una forma de equilibrar en las obligaciones del acuerdo. Sin embargo, dicha teoría es un poco más compleja de lo expuesto anteriormente, y se deben cumplir determinados requisitos.

La teoría de la imprevisión se consagra en el artículo 868 del Código de Comercio, el cual a letra establece: “Cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores a la celebración de un contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida, alteren o agraven la prestación de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes, en grado tal que le resulte excesivamente onerosa, podrá ésta pedir su revisión”.

Lo anterior puede sonar familiar, teniendo en cuenta que la actual pandemia significo para muchos contratantes una grave alteración en las prestaciones contractuales, convirtiéndolas en una carga excesivamente onerosa, dadas la crisis económica; también es claro que el Covid-19 es un evento extraordinario, el cual no pudo haber sido previsible de forma racional a la hora de celebrarse un contrato, y finalmente, también es cierto que su llegada es completamente ajena a la voluntad de las partes.

Es por esta razón, que, en aras de recuperar el equilibrio alterado por las circunstancias imprevistas, los acuerdos pactados con anterioridad a la llegada del evento extraordinario podrán someterse a revisión siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:

  1. Debe ser un contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida por lo que no puede aplicarse en caso de un contrato de ejecución instantánea.
  2. Las circunstancias deben ser extraordinarias, imprevisibles y ajenas a la voluntad de las partes.
  3. Se debe incurrir en una alteración excesivamente onerosa, de tal forma que implique un gran desequilibrio en las obligaciones de una de las partes.
  4. Las circunstancias no deben ser parte del riesgo que acordó asumir el afectado.
  5. Las consecuencias no deben ser producto de la negligencia del afectado.
  6. No se debe haber cumplido con lo que obliga el contrato.
  7. Y finalmente, las circunstancias extraordinarias debieron presentarse posterior a la celebración del contrato.

Una vez cumplido los anteriores requisitos, se puede llegar a la eliminación de la carga onerosa mediante un nuevo negocio jurídico entre las partes, llamado novación. Sin embargo, en caso de que los contratantes no logren conciliar es necesaria la intervención de un tercero imparcial, es decir un juez, el cual según cita el artículo 868 del Código del Comercio: “procederá a examinar las circunstancias que hayan alterado las bases del contrato y ordenará, si ello es posible, los reajustes que la equidad indique; en caso contrario, el juez decretará la terminación del contrato”, es preciso aclarar que la terminación del contrato pude proceder de dos formas, la primera es una prudente suspensión temporal, hasta la llegada de circunstancias que supongan la reanudación del equilibrio en los términos del contrato. La segunda opción consiste en terminar definitivamente el acuerdo en caso de no alcázar condiciones equitativas y equilibradas.

 Vale recalcar que esta figura no se presenta como un auxilio ante una conducta negligente e irresponsable del afecto, sino como un medio para conseguir mantener el vínculo contractual después de la venida de eventos impredecibles por la víctima, y que le causan un incremento excesivamente oneroso en sus obligaciones, tornándolas insostenible, en otras palabras, se busca establecer condiciones justas que permitan dar continuidad al negocio jurídico en beneficio de ambas partes.

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