A lo largo de muchos años se ha venido implementando la interdicción (proceso donde se suprime la capacidad legal de un mayor de edad con discapacidad) como medio para salvaguardar el patrimonio, la salud y la integridad de los individuos que no pueden determinarse de forma autónoma por diferentes deficiencias mentales; sin embargo, dicha figura de representación practicada durante años como medio para la participación legal de las personas con capacidades diversas fue derogada en 2019, despertando la curiosidad de muchos abogados y familiares preocupados por la vida personal y jurídica de los incapaces, los cuales se preguntan ¿la eliminación de este tipo de participación implicará la restricción de los derechos del discapacitado?

Como se mencionó antes, el proceso de interdicción consiste en sustraer la capacidad legal de un individuo debido a una deficiencia mental, lo cual implicaba para el interdicto ceder completa o parcialmente parte de su autonomía en la toma de decisiones, no solo sobre su vida patrimonial y jurídica, sino también en lo respectivo a su vida personal. En estas condiciones, el interdicto estaba sujeto a la voluntad de su representante legal, lo cual resultó en muchos casos, con maltratos, esterilizaciones no consensuadas, abortos forzados, privación de la libertad, etc.

La responsabilidad de los resultados contraproducentes y nocivos del régimen de interdicción al bienestar psicológico de los incapaces deviene de su forma de regulación, encaminada a subestimar a los interdictos al subrayar su deficiencia y con base en esto, limitar o restringir su voluntad. Lo anterior es notablemente deducible al revisar el proceso judicial mediante el cual se declaraba la interdicción de una persona, uno de los puntos más cuestionables fue, el otorgamiento de la representación legal a un curador sin necesidad de acreditar el legítimo interés de este, lo cual en muchos casos derivó directamente en el abuso y vulneración por su parte, a los derechos del interdicto.

Y finalmente, es discutible que el principal requerimiento para designar a un curador consistía en aportar el certificado neurológico o psiquiátrico del estado del presunto interdicto, para determinar qué tan “impedido” se encontraba el individuo y así establecer un límite a su capacidad para tomar decisiones.

En este punto es evidentemente notorio la atención enfocada al diagnóstico o la enfermedad, más que en al individuo, visto desde una perspectiva integral, considerando su voluntad, su pensamiento etc.

En atención a estas y algunas otras problemáticas que suponía el sistema de interdicción y en correspondencia con el Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, se establece un nuevo régimen, descrito en la ley 1996 del 2019, el cual permite el ejercicio de la capacidad legal (antes suprimida) de las personas con discapacidad.

La nueva normativa establece en primer lugar la eliminación de la figura de la interdicción (regulada por la ley 1306 de 2009), ya que mediante la ley 1996 de 2019 se busca principalmente exaltar la voluntad del incapaz, recurriendo a diferentes formas de apoyo que permitan la interpretación aproximada de sus deseos.

Entre muchos cambios, el papel de la “persona de apoyo” no lo cubre necesariamente un familiar del individuo, evitando suponer relaciones afectivas por razones de consanguineidad, de tal forma que la tarea se le asigna a un individuo que acredite verdaderos vínculos de confianza y amistad.

Además, la evaluación neurológica o psiquiátrica no servirá como mecanismo para medir el grado de limitación de la persona, por el contrario, la intervención médica dentro del proceso procurar, mediante un estudio personal y profundo de los gustos, deseos, emociones etc., materializar la voluntad del titular del acto jurídico, lo cual permite verdaderamente garantizar la protección de las personas con capacidades diferentes.

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